Bucaramanga vive otra polémica política tras la creación de una nómina paralela en el Instituto de Salud (ISABU), amañada por el pastor Jaime Andrés Beltrán.
El personal de salud ha sido puesto contra la pared, recibiendo un ultimátum para firmar su desvinculación de la entidad y afiliarse a una nueva corporación de papel.
Esta entidad, creada recientemente con un capital de solo 10 millones de pesos, se ha convertido en el nuevo empleador de los trabajadores. Curiosamente, esta corporación está directamente vinculada al grupo político de los Alvernia, una familia que ha dominado durante años contratos estatales en temas de salud y otros en la región.
El contrato de externalización número 1034, valorado en 2.600 millones de pesos por tan solo dos meses, fue adjudicado de forma cuestionable, sin competencia y en tiempo récord.
Para hacerlo posible, el manual de contratación de ISABU fue modificado, permitiendo que esta “empresa de papel” asumiera el control de la nómina del personal de salud.
Esta maniobra refleja un patrón que ya se ha visto antes, en lo que muchos han llamado el mismo modus operandi utilizado para saquear el Hospital Universitario de Santander (HUS).
En aquella ocasión, las redes clientelistas y la tercerización también jugaron un papel crucial en el deterioro del sistema de salud.
Sectores críticos han denunciado que este proceso afecta directamente a los derechos de los trabajadores.
Con esta jugada, los empleados verán una reducción significativa en sus ingresos, que oscilaría entre el 30% y el 40%.
Esta rebaja está disfrazada bajo contratos por obra o labor, lo que implica no solo la pérdida de estabilidad laboral, sino también la imposibilidad de organizarse sindicalmente.
La dispersión del personal y la precarización de sus condiciones hacen que la lucha colectiva sea prácticamente imposible. Mientras tanto, la mayor parte de las ganancias quedará en manos del intermediario, es decir, de la corporación de papel recientemente creada.
Lo que más sorprende es la rapidez y discreción con la que se llevó a cabo este proceso. Todo esto mientras las conexiones políticas entre la corporación ganadora y los grupos de poder regional se mantienen en la sombra, dejando una sensación de complicidad generalizada.
Los lazos entre la familia Alvernia y ciertos sectores políticos han sido objeto de cuestionamientos durante años, pero parece que las mismas prácticas se repiten, y con más descaro que nunca.
La indignación crece entre la población de Bucaramanga. Muchos se preguntan cómo es posible que, bajo un discurso anticorrupción, se perpetúen estas prácticas tan evidentes. Las redes sociales se han encendido con críticas hacia la administración de Beltrán, quien llegó al poder con promesas de cambio y transparencia, pero que hoy está rodeado de un entramado que muchos ven como la continuación de lo mismo, pero con una nueva fachada.
Bucaramanga, una vez más, se enfrenta al abuso de poder y a la manipulación del sistema en favor de unos pocos. Y mientras tanto, el personal de salud y los ciudadanos de a pie siguen pagando el precio de un sistema que parece más diseñado para enriquecer a las élites que para garantizar un servicio de calidad.